El Gobierno Nacional ha emitido un nuevo decreto en el marco del Estado de Conmoción Interior que sigue vigente en la zona del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. Esta vez, la medida se enfoca en mejorar la infraestructura y la dotación educativa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y superior.
Como parte de las acciones prioritarias, el Ministerio de Educación implementará infraestructura modular en la región del Catatumbo para responder de manera inmediata a la crisis educativa y garantizar el derecho a la educación. Estas estructuras permiten una instalación rápida y eficiente en contextos de emergencia. Los municipios de El Tarra y Tibú han sido identificados como zonas clave para la implementación de estos espacios, lo que requiere mecanismos financieros y contractuales para su ejecución inmediata, según lo estipula el decreto.
El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), creado por la Ley 1753 de 2015 y modificado por la Ley 1955 de 2019, tendrá un rol determinante en la viabilidad y financiación de estos proyectos. Con esta medida, el FFIE podrá gestionar recursos para la construcción, mejora y ampliación de infraestructura educativa en territorios afectados por el conflicto armado, tanto en zonas urbanas como rurales. Además, se contempla la financiación de residencias escolares en áreas dispersas, inversión en infraestructura digital y contratación de interventoría para asegurar la correcta ejecución de los proyectos.
En un paso significativo, el decreto permite que el FFIE destine recursos a proyectos de educación superior en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González. De acuerdo con el Gobierno, en la región del Catatumbo operan siete Instituciones de Educación Superior, de las cuales el 43% son privadas y el 57% del sector oficial. Solo cuatro instituciones oficiales tienen presencia en el territorio: el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Tibú, la Escuela de Administración Pública (ESAP) en varios municipios de la región, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Ocaña. Sin embargo, municipios como El Carmen, El Tarra, La Playa, San Calixto, Teorama, El Zulia y Puerto Santander no cuentan con oferta de educación superior.
El acceso a la educación superior en la zona es limitado, con una tasa de tránsito inmediato del 27,24%, significativamente menor al promedio nacional del 55,38%. Además, la crisis humanitaria ha obligado a miles de personas a desplazarse hacia Cúcuta, Río de Oro y González, aumentando la demanda de servicios básicos y educativos. En este contexto, el decreto establece la necesidad de adoptar medidas excepcionales para mitigar los efectos de la crisis y fortalecer el acceso a la educación como un pilar de la reconstrucción social.
Según un informe de la Procuraduría, emitido el 25 de enero, cerca de 46.000 niños en el Catatumbo se encuentran sin acceso a clases, lo que subraya la urgencia de las medidas adoptadas por el Gobierno.
Fuente: El Espectador