Violencia intrafamiliar y abuso sexual la crisis que sacude al Meta y pone en la mira el caso en Villavicencio
ColombiaEn Colombia, los delitos de violencia intrafamiliar y abuso sexual contra menores de edad continúan siendo una de las principales alertas para las autoridades. Cada año, miles de denuncias se registran en el país, lo que refleja la magnitud de un problema estructural que atraviesa familias, instituciones y comunidades.
El departamento del Meta no ha sido ajeno a esta realidad. En Villavicencio, la capital, la Fiscalía adelanta procesos judiciales que exponen la gravedad de la violencia en el ámbito privado, con repercusiones sociales de gran alcance.
Uno de los casos más delicados es el de Manuel Eduardo Herrera Pabón, quien enfrenta un proceso avanzado por delitos sexuales agravados contra una menor de 14 años, con la particularidad de que la víctima mantenía un vínculo de parentesco con el acusado. La Fiscalía ya lo imputó y acusó formalmente, y el expediente se encuentra en etapa cercana a juicio.
Herrera Pabón no es un nombre desconocido en el Meta. Fue secretario de Planeación en el gobierno de Wilmar Barbosa en la Alcaldía de Villavicencio y decano de la Facultad de ingeniería de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio y director de la Unidad de Ciencias Básicas, cargos de los que se retiró tras presentar su renuncia en medio de una orden de captura en su contra —posteriormente revocada—. Desde entonces, su imagen pública quedó marcada por los señalamientos de abuso y acoso sexual.
El caso ha cobrado un matiz político al conocerse su vínculo familiar con la exdiputada Ximena Calderón. En este contexto, la sociedad metense se pregunta hasta qué punto los procesos judiciales están siendo utilizados como armas políticas. ¿Quién está detrás de estas estrategias de filtración y desgaste? ¿Qué intereses se esconden detrás de la judicialización mediática de figuras públicas?
Lo cierto es que el expediente contra Herrera Pabón, identificado bajo el Número Único de Noticia Criminal 50 001 60 00567 2024 16172, por violencia intrafamiliar y abuso sexual, sigue su curso en los tribunales. Y mientras la justicia avanza, el Meta continúa observando cómo la frontera entre lo judicial y lo político se vuelve cada vez más difusa