Política
Después de casi un año de análisis, el Consejo de Estado rechazó la demanda que buscaba la pérdida de investidura contra 28 senadores y representantes del Pacto Histórico. La acción judicial fue presentada por un ciudadano que alegaba que los congresistas habrían incurrido en conflicto de intereses al promover una reforma política que modificaba los topes máximos de financiación para campañas electorales.
El tribunal determinó que la reforma beneficiaría en términos generales a todos los congresistas, no solo a los miembros de la coalición de izquierda, y por tanto no se configuró un beneficio personal que justifique una inhabilidad. Además, señaló que no existen investigaciones penales, disciplinarias ni fiscales en curso contra los acusados o sus familiares que pudieran vincularlos con un posible conflicto.
El Consejo de Estado aclaró que la supuesta inhabilidad no es exclusiva de los integrantes del Pacto Histórico, sino que aplicaría a todos los parlamentarios, lo cual complicaría la aprobación de reformas políticas si se interpretara como impedimento. Por ello, concluyó que no se cumplen los requisitos para declarar impedimento o pérdida de investidura.
La decisión incluye a senadores como María José Pizarro, Clara López Obregón y Sandra Yaneth Jaimes Cruz, así como a representantes como Luis Alberto Albán Urbano, Fernanda Carrascal Rojas y Alirio Uribe Muñoz, entre otros.