Corte Constitucional enfrenta decisiones clave sobre reforma pensional y emergencia económica
Con la finalización de la vacancia judicial, los nueve magistrados de la Corte Constitucional retoman funciones con dos expedientes que podrían marcar la agenda política en el inicio del año electoral. La reforma pensional y el decreto de emergencia económica serán los primeros retos del tribunal.
En la primera ronda de deliberaciones sobre la reforma pensional, el resultado fue un empate. Ahora, con el voto del conjuez Carlos Pablo Márquez, la Sala Plena deberá decidir si tumba, mantiene o devuelve al Congreso la norma —por segunda vez— para corregir vicios de trámite detectados en el proceso legislativo. La ponencia, liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, señala irregularidades en el quórum y en la deliberación durante las sesiones extraordinarias de junio de 2025.
En paralelo, la Corte analizará el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, que impuso nuevos impuestos para cubrir un déficit presupuestal de 11 billones de pesos. Juristas cuestionan la justificación del Estado de Excepción, al considerar que no hay hechos sobrevenidos que respalden la medida. Entre los impuestos incluidos están el IVA del 19 % a apuestas en línea, bebidas alcohólicas y compras internacionales superiores a 50 dólares, cuya vigencia comenzó el 1 de enero.
El Gobierno argumenta que la emergencia económica responde, entre otros factores, al hundimiento de la reforma tributaria, el conflicto armado en regiones como el Catatumbo y la necesidad de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS. Sin embargo, expertos señalan que el decreto podría ser inconstitucional y que, en caso de que la Corte lo suspenda, los tributos recaudados podrían devolverse a los contribuyentes o aplicarse como anticipo del próximo año fiscal.
La Sala Plena prevé priorizar la revisión del decreto durante la semana del 19 de enero, tras recibir el expediente en cumplimiento de la Constitución. Un magistrado ponente será encargado de ordenar pruebas a la Presidencia y al Ministerio de Hacienda para evaluar los argumentos presentados por el Gobierno.
El precedente más cercano es la emergencia económica decretada para el Catatumbo en enero de 2025, fallada con exequibilidad parcial en abril del mismo año. El tribunal también podría aplicar medidas cautelares para suspender los efectos del decreto hasta que se tome una decisión definitiva.
En cuanto a la reforma pensional, algunos magistrados consideran devolverla nuevamente al Congreso para corregir los vicios señalados, mientras se analiza si la ponencia de Ibáñez se ajusta a los lineamientos fijados en el Auto 841 para garantizar la legalidad del trámite.
El inicio de este año electoral pone a prueba la independencia y capacidad de la Corte para equilibrar las decisiones judiciales con la presión política, mientras el país observa cómo se resolverán dos de los asuntos más sensibles de la agenda económica y social.
Fuente: Tiempo