Política
El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se pronunció tras conocerse el fallo de la Procuraduría General de la Nación, que lo destituye del cargo y lo inhabilita por 14 años para ejercer funciones públicas. La decisión se basa en un contrato que Krasnov mantuvo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) para labores educativas, firmado en diciembre de 2022, durante el periodo que, según la Procuraduría, le impedía aspirar a elecciones en 2023.
En un video difundido en sus redes sociales, Krasnov aseguró que seguirá desempeñando sus funciones como alcalde hasta que las instancias legales correspondientes determinen lo contrario. Señaló que no ha sido notificado oficialmente del fallo y que desconoce su contenido más allá de lo divulgado por los medios de comunicación.
El mandatario explicó que consultó previamente con abogados antes de iniciar su carrera política y que su vínculo como docente con la Uptc no constituía impedimento legal para su postulación. Además, afirmó que su labor siempre ha estado guiada por la buena fe y el compromiso con la ciudad que lo acogió durante sus estudios.
“Debo ser enfático: antes de iniciar mi ejercicio político consulté a varios abogados, quienes manifestaron que ser profesor no constituía ningún impedimento. Esto fue probado dentro del proceso y no entendería si no fuese tenido en cuenta, pues de mi parte no hubo mala fe”, afirmó Krasnov.
El alcalde también se dirigió a quienes, según él, han afectado las finanzas de la ciudad durante décadas y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones con normalidad mientras su equipo jurídico interponga los recursos legales correspondientes para revertir la decisión.
El fallo de la Procuraduría señala que Krasnov estaba inhabilitado para postularse por haber firmado un contrato de prestación de servicios por $8.129.040 entre el 6 y el 30 de diciembre de 2022, destinado a capacitar estudiantes y desarrollar artículos científicos en inglés y alemán. Según el ente de control, esto lo convirtió en contratista de una entidad pública, situación que le impedía legalmente aspirar a un cargo de elección popular en la misma jurisdicción.