Política
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años del excanciller Álvaro Leyva Durán por su participación en la declaratoria injustificada de desierta de la licitación pública 001 de 2023 para la fabricación y expedición de pasaportes.
El organismo señaló que la decisión de Leyva careció de fundamento legal y vulneró los principios de transparencia, economía y responsabilidad, esenciales para la contratación pública en Colombia. La sanción inicial, impuesta por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, se mantuvo tras el rechazo de los argumentos de la defensa sobre presunta falta de imparcialidad y deficiencias procesales.
El fallo subraya que la empresa oferente cumplía todos los requisitos y contaba con la máxima puntuación, por lo que no había justificación para declarar desierta la licitación. Con esta decisión, Leyva queda inhabilitado para ocupar cargos públicos durante la próxima década.
Paralelamente, la Procuraduría amplió la investigación disciplinaria a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy y a varios altos funcionarios, tras detectar posibles irregularidades en el convenio interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de pasaportes a partir de abril de 2026.
El convenio, valorado en 1,3 billones de pesos y con vigencia de diez años, aún carece de la infraestructura técnica necesaria y de formalización completa con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que generó gastos adicionales y posibles violaciones a la normativa sobre alianzas internacionales. La investigación también incluye a exministros, directivos de la Imprenta Nacional y asesores jurídicos y financieros vinculados al acuerdo.
Este caso se convierte en un referente sobre la responsabilidad disciplinaria en la contratación pública y en la supervisión de procesos estatales clave en Colombia.